/ jueves 25 de agosto de 2022

Al caer la noche del 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, el Ejército recibió una denuncia anónima vía telefónica donde alertaban que un grupo de normalistas los mantenían dentro de una bodega “la cual es grande de concreto techo laminado y cortina metálica” que se localizaba en la colonia “Pueblo Viejo” a las afueras de Iguala.

Tuvieron que pasar dos días más para que la unidad de inteligencia militar conocida como Grupo de Análisis de Orden Interno (G.A.O.I.), especializada en información sobre grupos subversivos, enviara un mensaje a la sección segunda (inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad presentado el pasado jueves 18 de agosto por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, no existe evidencia de que se haya emitido una orden para realizar una inspección al sitio y corroborar esta información.

Este dato junto con otros exhibieron una actitud negligente y omisa, y que según el funcionario, muestran que existió “colusión de agentes del Estado Mexicano con el grupo delictivo Guerreros Unidos que toleraron, permitieron, y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes (…)”.

El informe y los ocho anexos presentados la semana pasada deja varios cabos sueltos que podrían frustrar el anhelo de justicia que exigen los padres de los 43 desaparecidos, además de que continúa sin aclarar quién dio la orden de desaparecer a los jóvenes y cuál es su paradero.

La pruebas para llevar a juicio a los funcionarios que mostraron negligencia, omisión o probable complicidad en sus actuaciones, se sostienen de forma endeble si solo son verbales, como asoma en buena parte de los pocos elementos que se dieron a conocer. En el caso del Ejército delimitar las imputaciones a los “enlaces operativos” como el entonces comandante de la 35 zona militar el general Alejandro Saavedra Hernández, y al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería de Iguala, deja fuera actores importantes en la cadena de mando como el comandante de la novena región militar en Acapulco el general de división Martin Cordero Luqueño, el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional el general Roble Arturo Granados Gallardo y al mismo titular de la Sedena del sexenio pasado Salvador Cienfuegos Zepeda.

En la página 91 del informe se dice que el día de los hechos seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en “la Bodega Vieja”. El 30 de septiembre “El Coronel” comenta que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos”. ¿Se refiere el informe al coronel Rodríguez Pérez?

Encinas alude a un teniente del 27 batallón a quien identifica como superior inmediato de Julio César López Patolzin, soldado del 50 batallón perteneciente al órgano de Búsqueda de Información (OBI), infiltrado como estudiante y que está entre el grupo de los 43 desaparecidos. Más allá de que pudo equivocarse en la adscripción del oficial, es poco probable que un elemento de un batallón tenga a su mando a un soldado ajeno a su unidad. Datos como éste podría no convencer al juez en las imputaciones contra los militares involucrados.

Al caer la noche del 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, el Ejército recibió una denuncia anónima vía telefónica donde alertaban que un grupo de normalistas los mantenían dentro de una bodega “la cual es grande de concreto techo laminado y cortina metálica” que se localizaba en la colonia “Pueblo Viejo” a las afueras de Iguala.

Tuvieron que pasar dos días más para que la unidad de inteligencia militar conocida como Grupo de Análisis de Orden Interno (G.A.O.I.), especializada en información sobre grupos subversivos, enviara un mensaje a la sección segunda (inteligencia) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad presentado el pasado jueves 18 de agosto por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, no existe evidencia de que se haya emitido una orden para realizar una inspección al sitio y corroborar esta información.

Este dato junto con otros exhibieron una actitud negligente y omisa, y que según el funcionario, muestran que existió “colusión de agentes del Estado Mexicano con el grupo delictivo Guerreros Unidos que toleraron, permitieron, y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes (…)”.

El informe y los ocho anexos presentados la semana pasada deja varios cabos sueltos que podrían frustrar el anhelo de justicia que exigen los padres de los 43 desaparecidos, además de que continúa sin aclarar quién dio la orden de desaparecer a los jóvenes y cuál es su paradero.

La pruebas para llevar a juicio a los funcionarios que mostraron negligencia, omisión o probable complicidad en sus actuaciones, se sostienen de forma endeble si solo son verbales, como asoma en buena parte de los pocos elementos que se dieron a conocer. En el caso del Ejército delimitar las imputaciones a los “enlaces operativos” como el entonces comandante de la 35 zona militar el general Alejandro Saavedra Hernández, y al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería de Iguala, deja fuera actores importantes en la cadena de mando como el comandante de la novena región militar en Acapulco el general de división Martin Cordero Luqueño, el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional el general Roble Arturo Granados Gallardo y al mismo titular de la Sedena del sexenio pasado Salvador Cienfuegos Zepeda.

En la página 91 del informe se dice que el día de los hechos seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en “la Bodega Vieja”. El 30 de septiembre “El Coronel” comenta que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos”. ¿Se refiere el informe al coronel Rodríguez Pérez?

Encinas alude a un teniente del 27 batallón a quien identifica como superior inmediato de Julio César López Patolzin, soldado del 50 batallón perteneciente al órgano de Búsqueda de Información (OBI), infiltrado como estudiante y que está entre el grupo de los 43 desaparecidos. Más allá de que pudo equivocarse en la adscripción del oficial, es poco probable que un elemento de un batallón tenga a su mando a un soldado ajeno a su unidad. Datos como éste podría no convencer al juez en las imputaciones contra los militares involucrados.