La Contraloría General de la República negó ayer el refrendo a una ampliación del contrato de electrificación subterránea en San José.
Eso impedirá a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) colocar un ducto para cables telefónicos que no estaba incluido en el proyecto original.
El costo de esa obra complementaria sería de $1,3 millones, mientras el monto del contrato inicial asciende a $52,5 millones.
La CNFL decidió agregar el ducto para que otras instituciones no tengan que destruir la capa asfáltica y las aceras en un futuro.
El ducto lo utilizaría el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para tender los cables de telecomunicaciones (telefonía, Internet y enlaces de transmisión de datos para las distintas empresas).
Los trabajos están a cargo de la firma española Instalaciones Inabensa S. A.
Esa compañía ha sido cuestionada aquí debido a que el empresario español Manuel Rodríguez López, su representante en Costa Rica, giró $100.000 a una cuenta del expresidente Miguel Ángel Rodríguez en mayo pasado.
Ese monto fue devuelto por Rodríguez en setiembre último, cuando asumió el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CNFL pidió, además, extender el plazo de ejecución de la obra en 63 días, lo que también fue denegado por el ente contralor, por lo que el proyecto debe estar terminado en enero próximo.
La razón del rechazo es que una parte del ducto se colocó sin estar refrendada la ampliación, señaló ayer el contralor de la República, Álex Solís Fallas.
“Se ha constatado una ejecución previa sin haberse autorizado esa parte del proyecto”, afirmó Solís.
El Contralor indicó que la CNFL no puede apelar esta resolución, aunque sí solicitar a la Contraloría una revisión.
Según el artículo 20 de la Ley orgánica de la Contraloría, y el artículo 11 del Reglamento sobre refrendo de las contrataciones de la administración pública, la ejecución de una obra no se puede realizar sin el permiso.
En un comunicado de prensa enviado ayer al final de la tarde, la CNFL dijo que analizará la resolución de la Contraloría para “determinar las acciones pertinentes a seguir”.
La CNFL señaló que la ampliación se pidió “para evitar que a futuro se tuviera que someter a la ciudad a la ejecución de otra obra similar, que implicaría duplicación de esfuerzos significativos para el país”.
La electrificación subterránea comenzó en octubre del año 2002 y, según el comunicado de la CNFL, la obra tiene un avance del 90%.
La Contraloría también criticó que se cambiaran las medidas de algunos de los ductos.
Ante esto, la CNFL informó de que se hizo para atender la solicitud del ICE sobre los requerimientos para la colocación de los cables de telecomunicaciones.
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