El gobierno comprometió la ejecución de 905 millones de dólares en obras viales para el año, según surge de las cifras presentadas en el Plan Vial 2020-2025 presentado en Presidencia.

El foco de la presentación estuvo puesto en los kilómetros de ruta donde habrá intervenciones y en la nueva herramienta de concesión, los contratos denominados CREMAF –construcción, rehabilitación y mantenimiento-, que permitirán mayor agilidad en la puesta en marcha de las obras, así como una reducción en los costos con respecto a las PPP, el mecanismo de participación público privado. De hecho, se resaltó que hoy se firmó el primer contrato Cremaf para la doble vía de uno de los tramos de Ruta 5 y que la próxima semana se firmará para otro tramo.

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo a Subrayado que en lo que va del año ya se ejecutaron unos U$S 300 millones y que la mayor parte de la inversión se ejecutará tras el invierno, cuando las condiciones climáticas permiten una mayor continuidad de las obras.

Para setiembre se espera comenzar con las obras de parte del ensanche de Ruta 5 por contrato Cremaf. Además, para 2022 se proyecta avanzar en obras de rutas 6 y 9, al tiempo que se llamará a licitación para la doble vía de Ruta 1 entre Colonia del Sacramento y Riachuelo. Esta última obra de ensanche, junto a la doble vía en rutas 8 y 9, permitirá la concreción de una doble vía entre Colonia y Rocha, un proyecto que fue destacado por Falero por el movimiento de turistas y para descomprimir parte del tránsito en la zona metropolitana durante la temporada, ya que el corredor podrá conectarse a través del anillo perimetral en Montevideo.

En lo que va del período de gobierno se ejecutaron inversiones viales por U$S 305 millones en 2020 y 500 en 2021. Con la inversión prevista para el resto del año, se espera llegar a 3300 millones en el período, superando la estimación de 2.600 millones del Presupuesto Nacional. En rueda de prensa, Falero aseguró que esta inversión, más otras iniciativas de obra pública en vivienda, saneamiento y energía permitirán compensar la caída en la actividad por el final de las obras de la segunda planta de UPM y el Ferrocarril central, en el primer trimestre de 2023.

Otro abordaje sobre el impacto de las obras está en el empleo y la actividad económica de las regiones donde se realizarán obras viales. Al cerrar el acto, el presidente Luis Lacalle Pou puso el foco en el “respeto a los recursos de los uruguayos” y ejecutar de forma eficiente los dineros públicos. En esa línea destacó las inversiones para asentamientos, educación y primera infancia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. “Cada puente, cada ruta para nosotros es un lugar conocido”, indicó Lacalle Pou, quien agregó que el plan “generará una equidad muy importante”.

De la red actual de rutas nacionales, el plan incluye la intervención en 7.692 kilómetros de la red de 8.833 en todo el país, lo que representa el 81% del total. Esto se divide en 642 kilómetros de ruta nueva, 2.610 kilómetros de mejora, con mejora en el pavimento, pasando de bitumen a mezcla asfáltica u hormigón y 4.440 kilómetros de mantenimiento.

El Ministro José Luis Falero también asumió el compromiso de eliminar el balastro en las rutas nacionales al finalizar el período. Son 375 kilómetros en todo el país que tendrán como mínimo una cobertura de bitumen.

Otro objetivo es intervenir en la construcción o mejora de 227 puentes al finalizar la administración, lo que demandará una inversión de 413 millones de dólares y representa un 36% del total de puentes de la malla vial. A esto se suman otras obras conexas comprometidas, como la construcción de 100 rotondas y 10 intercambiadores, para mejorar la seguridad vial, por un monto de 118 millones de dólares.

Además de las obras en ejecución en Rutas 3 y 6, junto a las proyectadas, el ministro destacó la importancia de otras rutas transversales como la 14, 20 y 26. También afirmó que hay tramos de algunas rutas que necesitan un nuevo mantenimiento, como la 30 en Artigas, terminada en el gobierno anterior.

E l director de la OPP, Isaac Alfie, informó acerca de las características de los Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación impulsados por el Poder Ejecutivo. Esta modalidad establece que un plazo para hacer la obra de dos años, con el pago progresivo del estado en función de los avances. Al culminarla, la empresa privada se hace cargo del mantenimiento, y el Estado paga un contrato a 10 años.

Con el objetivo de transformar la red vial, se buscó una herramienta menos costosa y más operativa que las PPP. Los cambios refieren al aumento de la competencia, con tramos más chicos y con más empresas que puedan acceder a préstamos para competir, mejorar los plazos de fin de obra, excluir mantenimiento mayor y simplicidad de estudios y costos. Alfie indicó que esto elimina controles redundantes y se acortan plazos entre la firma del contrato de adjudicación y el inicio de obras.

Según Alfie, esto permitirá “tener más plata para hacer más obras “. En tal sentido presentó una comparación entre contratos PPP y CREMAF para un período de 12 años, considerando las ofertas por dos tramos de doble vía nuevos de Ruta 5 y uno de Ruta 9. Considerando las ofertas recibidas y la de menor precio con CREMAF, el costo final por kilómetro es de 61% con respecto al formato PPP. También hay un ahorro si se consideran los costos de mantenimiento que asume el privado.

Según el cálculo presentado por Alfie, si se aplicaba esta herramienta en los 7 circuitos viales anteriores, se podría haber generado, en 20 años, un ahorro de 50 millones de dólares por año en pagos por las obras.

En la presentación también intervino José Luis Puig, Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, quien describió las financiaciones a través de la Corporación Vial del Uruguay y dio cuenta de la extensión de las concesiones de las rutas 5 y 8 por 16 años más, lo que permitirá financiar los proyectos, a través de peajes actuales y subsidios del MTOP.

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